El Parlamento Europeo condena la especulación urbanística española.

El Parlamento Europeo condena la especulación urbanística española
Aprueba un informe que defiende congelar el pago de los fondos estructurales al país por su modelo de desarrollo
27.03.09 -
FERNANDO PESCADOR
CORRESPONSAL. BRUSELAS

El Parlamento europeo aprobó ayer un informe de iniciativa (sin efectos jurídicos) que critica severamente las prácticas urbanísticas españolas, señala comportamientos dudosos de autoridades locales y nacionales y pone en evidencia la capacidad del sistema judicial español para atajar la situación. El texto reclama la congelación de los fondos estructurales que recibe España hasta que no se resuelvan estas cuestiones.
El informe es obra de una eurodiputada verde danesa, Margrete Auken, que salió adelante sin enmiendas por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, debido a una descoordinación de PP y PSOE, que se oponían al texto aunque con grandes diferencias argumentales. Mientras los socialistas respetaban la mayor parte del informe de la eurodiputada, aunque rebajaban las críticas al Poder Judicial y no reclamaban la suspensión de todos los planes urbanísticos sino su revisión, los populares retiraban la petición de la señora Auken de que el Consejo suspenda la entrega de Fondos y diluían más las críticas al sistema judicial español. El desacuerdo entre populares y socialistas hizo imposible construir una mayoría en torno a un texto alternativo y el informe salió adelante en su integridad.
Las reclamaciones de la eurodiputada no van a recibir curso legal pues el Parlamento europeo carece de competencias, en el marco de un informe de iniciativa, para reclamar actuaciones como la suspensión de la ayuda comunitaria a un país.
Otras cuestiones, como las afirmaciones referentes al sistema judicial o las críticas al estamento político, exceden ampliamente no ya el ámbito competencial del Parlamento sino el de la propia Unión Europea. La aprobación del informe constituye, sin embargo, un revés político de importancia considerable para el prestigio del país.
Se da la circunstancia, además, de que la de ayer es la tercera condena a España por motivos similares, desde que, en diciembre de 2005, la Eurocámara aprobara su primer informe crítico contra el modelo de desarrollo urbanístico español. El informe pide al Gobierno español y a los de las comunidades autónomas que acometan una «profunda revisión» legislativa en todo aquello que concierne al derecho de propiedad inmobiliaria, reclama de las autoridades regionales la «suspensión y revisión» de cualquier plan urbanístico que no satisfaga requisitos estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y «detener y anular todos los desarrollos en curso que no han respetado o aplicado los criterios comunitarios».
Según el texto, las autoridades locales y los constructores y promotores han mostrado «conductas especulativas» que han redundado en «beneficios masivos».