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Una reparación demoledora
ALFONSO VÁZQUEZ.LA OPINION DE MÁLAGA
«Si son asustaviejas, aquí no hay viejas y se van a ir por donde han venido», señala indignada Ana Gema de Oses. Ella, su marido Francisco y sus dos hijos viven desde hace 24 años en la planta baja del número 72 de la calle Lagunillas, un edificio de dos plantas y cuatro viviendas, aunque ahora mismo sólo viven ellos. «Aquí han nacido mis dos niños», apunta.
Uno de ellos fue quien la avisó un sábado de julio de que unos albañiles estaban echando abajo parte del tejado de la casa por un agujero y los escombros caían al portal formando una montaña. «Yo estaba al lado, trabajando en la panadería y no podíamos entrar de lo que había», cuenta Ana.
Francisco Pérez, su marido, señala que si ese día a la familia se le ocurre salir dar una vuelta, «no podemos volver a entrar porque había seis cubetas, no tenían la intención de quitar un escombrillo».
Las obras, explica Ana Gema, superaban toda mesura, pues desde hacía más de un año, el otro inquilino que vivía en la casa hasta hace unas semanas, un hombre mayor y medio ciego, tenía problemas de goteras. «Había que reparar un trocito del techo, no echar la casa abajo», subraya indignada.
El caso es que, viendo la magnitud de las obras, la familia llamó a la Policía Local, que paralizó las obras de lo que consideran una demolición encubierta, para acelerar el deterioro de la casa y provocar la declaración de ruina.
Pero, señala Ana Gema de Osas, los albañiles siguieron con las supuestas obras de reforma, a pesar de la paralización. «Ellos seguían rompiendo, estuvieron una semana, cerraban la puerta y seguían», denuncia. Finalmente, al familia llamó a Urbanismo y un técnico ordenó de nuevo la paralización.
Un informe de la Gerencia del 16 de julio resaltaba que las obras que estaba realizando el propietario y que debían limitarse a reparar las filtraciones «no amparan lo ejecutado en la actualidad», además de indicar que se estaban haciendo «sin licencia».
El último paso de Urbanismo se dio el 30 de agosto, con una orden al propietario para que, como medida cautelar, cubriera de forma provisional los 26 metros cuadrados de techo desmontado. Hasta la fecha el propietario no ha cumplido la orden.
La casa, mientras tanto, ha sido abandonada por el inquilino con problemas de visión y sólo queda la familia Pérez. Además, Ana Gema cuenta que desde hace un año el propietario no les cobra el alquiler de renta antigua de 65 euros al mes. «Nosotros lo depositamos en el juzgado», apunta. Pero el problema ha empeorado hace unos días, cuando también le ha cortado el agua. «Tenemos que ir a ducharnos todos a casa de mi padre o de mi suegra y lavar la ropa allí», lamenta.
El concejal no adscrito Antonio Serrano, de la plataforma Compromiso por Málaga, advirtió que «el propietario no puede dejar de cobrar mientras el edificio no esté en ruina». El edil señaló que se trata de un claro caso de acoso inmobiliario y lamentó que el Ayuntamiento se convierta en «aliado innecesario», por la lentitud con la que reacciona.
En este sentido, subrayó que tras dos meses sin que el propietario haya cumplido la medida cautelar a la que le obliga Urbanismo, la Gerencia debería haber actuado ya de forma subsidiaria. El edil anunció que iba a informar del caso al Defensor del Ciudadano y a pedir una reunión con el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, «porque es demasiado que no haya dinero para actuar en casos graves como este, y también para ver cómo agilizar la tramitación porque cualquier día ocurre una desgracia. Esta es una muestra más del abandono en el que el Ayuntamiento tiene el Centro».
Por su parte el presidente de la asociación de vecinos de Lagunillas, Curro López, criticó la especulación inmobiliaria que persiste en la zona.
La ley está con la familia de Francisco y Ana Gema pero si no se aplica con rapidez seguirán estando desprotegidos. Sin techo.
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