Un promotor, acusado de destruir el patrimonio histórico de Vélez Málaga

El fiscal solicita 2 años de prisión por el vaciado de un solar en el que se hallaron restos prehistóricos, medievales y de la edad moderna

JOSÉ ANTONIO SAU. LA OPINION MÁLAGA La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, dos años de cárcel y una multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros para un promotor que destruyó supuestamente restos arqueológicos en una parcela de Vélez Málaga. En este suelo se había previsto la construcción de cinco viviendas.
La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía aprobó dos resoluciones los días 19 de marzo y 12 de junio de 2007 por las que se concedieron sendas autorizaciones, provisional y definitiva, «para la actividad arqueológica urgente de excavación» en un inmueble ubicado en la calle San Francisco de Vélez Málaga. El representante legal de la promotora que debía construir en este solar fue el encargado de solicitar los permisos. La empresa trabajaba con dos compañías aseguradoras, explica la Fiscalía.
«El solar se encuentra ubicado en el barrio del Arroyo de San Sebastián, dentro del Centro Histórico de Vélez Málaga, y se proyectaba la construcción de cinco viviendas», añade el acusador público.

Conclusiones arqueológicas
La arqueóloga de una empresa privada dirigió las excavaciones. Ésta presentó, el 2 de enero de 2008, una memoria preliminar de la actividad arqueológica en la parcela. Se habían encontrado «restos prehistóricos y de las épocas medieval, moderna y contemporánea». La mercantil propuso una serie de medidas, entre las que destacaba la necesidad de controlar «el movimiento de tierras» durante la fase de ejecución de las obras proyectadas.
El 2 de julio de 2008, los servicios técnicos de arqueología, pertenecientes a la Delegación de Cultura de la Junta, «giraron una inspección en la que comprobaron que se había producido el vaciado integral del solar». Asimismo, siempre según la acusación pública, se construyó «la cimentación del inmueble sin control arqueológico alguno».
Como consecuencia de todo ello, se eliminaron totalmente los restos, lo que provocó «la imposibilidad de localizar otros nuevos correspondientes a niveles prehistóricos de ocupación».
Los daños se produjeron «al haber realizado voluntariamente el acusado, conocedor de las circunstancias expuestas y asumiendo las consecuencias que su conducta generaría, un movimiento o remoción de tierras en la parcela». Ello propició la eliminación «irreversible» del patrimonio arqueológico existente en ese suelo, «causando la pérdida de información histórica y de su interés científico». El fiscal califica de «irreparable» la destrucción de este material.

Calificación
«La conducta deliberada efectuada por el acusado ocasionó unos daños al patrimonio histórico no inferiores a 10.000 euros», recalca el ministerio fiscal.
Los hechos han sido calificados como un presunto delito sobre el patrimonio histórico. Además de los dos años de cárcel y la multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros, la acusación reclama que el encausado indemnice, por vía de responsabilidad civil, a la Consejería de Cultura en la cantidad de 10.000 euros.