Los residentes critican la falta de limpieza y la ocupación ilegal
Desde que recibió la declaración, hace más de 15 años, se "ha ayudado al barrio", agrega. "Decir lo contrario sería mentir, pero es un barrio singular, con deficiencias, que necesita mucho más que el cuidado habitual; no ha calado que es excepcional". Al propio centro, a la Fundación Albaicín, a los vecinos, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía e incluso al Gobierno central se achaca, depende de quién partan las críticas, la falta de voluntad. El caso es que, más allá del conocido mirador de San Nicolás -en la parte más turística del barrio-, el Albaicín, especialmente el bajo, sufre un deterioro palpable, para el que los vecinos piden una solución.
Son muchos los proyectos e intervenciones que acumula. Para empezar, el propio Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (Pepri), que el Ayuntamiento aprobó inicialmente en 2008 para sustituir al vigente (1990) y que Patrimonio rechazó.
Pero aún no hay solución final. Las Administraciones detallan sus inversiones: el Ayuntamiento asegura que ha invertido en infraviviendas (1.149.530 euros), borrado de grafitis (771.230), eliminación de cableado (350.000), mejoras en pavimento y calles (1.002.989), miradores (324.072)... Así se detalla en la memoria de actuaciones 2007-2011. La Junta, por su parte, además de en patrimonio y cultura, tiene en marcha 17 actuaciones para la rehabilitación de 92 viviendas con 9,5 millones. El programa inicial se amplió a 86 hectáreas para intervenir en 1.520 viviendas. La inversión será de 165 millones.
Pese a todo ello, el Centro Unesco prepara un informe minucioso de la situación del barrio y pretende, según avanza su responsable, invitar al director de Patrimonio Mundial para que vea in situ el estado en el que está. Los vecinos recaban datos para otra iniciativa similar. El PSOE municipal ha alertado del "abandono", mientras que IU lamenta que Ayuntamiento y Junta no "empujen" en la misma dirección y teme que peligre la declaración. Hay problemas que urge solventar "como la limpieza", dicen. El equipo de Gobierno pide que la zona baja se declare "área de reforma integral". Otro escollo es la ocupación ilegal: de los 30.000 vecinos que tenía en regla el barrio hace tres o cuatro décadas quedan menos de 8.000.
Entre los ejemplos concretos cuyo deterioro resulta de difícil explicación están la muralla Zirí, la puerta de Monaita, uno de los accesos más antiguos de la ciudad que daba paso a la Alcazaba antigua, o el palacio de la Dar al Horra, a escasa distancia, que fue residencia de la madre de Boabdil y en el que el tirador de la puerta es una cuerda. A pesar de los reiterados compromisos es ahora, y con cargo a los fondos del 1% cultural, cuando Fomento ha destinado 480.789 euros para adaptarlo a contenidos culturales y resaltar así el privilegiado emplazamiento, al que se accede recorriendo calles cuyo estado deja bastante que desear.
En los aljibes, sobre los que se hizo una ruta, hay otro punto a mejorar. No son todos, pero se dan casos como el del Zenete que está plagado de pinturas y orines. Además, los jardines próximos se han convertido en improvisado basurero de latas y botellas. Los excrementos de perro también tienen su protagonismo. Los vecinos están tan hartos que han iniciado una campaña de protesta por la falta de limpieza destinada al Consistorio y otra de civismo, para los dueños de los canes. "No queremos un barrio con mierdas. Recógelas", se puede leer en las pancartas, explica Lola Boloix, de la asociación de Bajo Albaicín.
La Junta y el Ayuntamiento no reciben con agrado las exigencias de los vecinos, que cuentan que hay casas con andamios en las calles que llevan entre cinco y ocho años instalados. Se hace "daño al turismo", recrimina la concejal del área, Marifrán Carazo, que reclama un "esfuerzo común" puesto que el Consistorio trabaja "prácticamente solo" para conservar el barrio.
La falta de trabajo conjunto es tal que hasta la fiscalía, que ha investigado distintos daños en los bienes de interés cultural del barrio, se ha referido a la "actuación de las autoridades competentes", obligadas a velar por la conservación del Patrimonio, a quienes se puede atribuir en ocasiones "cierta desprotección".
VALME CORTÉS - Granada - 10/07/2011 EL Pais
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