Un grupo de vecinos denuncia irregularidades en la construcción de un inmueble levantado a centímetros de sus viviendas.
Viven en un inmueble situado en pleno corazón de la ciudad, en un espacio privilegiado delimitado por la calle Alcazabilla, la calle Granada y apenas a unas decenas de metros la Plaza de la Merced. Pero la ventaja de la decena de inquilinos de este edificio se ha topado en los últimos meses con un incómodo y sospechoso elemento: el esqueleto de una construcción que se levanta a medio metro de una de sus fachadas. Una edificación que viene a sustituir íntegramente al antiguo Mesón Palomo, pieza del plan de recuperación de la judería, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga hace más de diez años, pero sobre cuya tramitación urbanística y administrativa sus vecinos afectados tienen serias dudas.
Álvaro García Gabrera, abogado de profesión y especializado en temas urbanísticos, es uno de los damnificados por la intervención autorizada por la Gerencia de Urbanismo. La situación es tal que, según atestigua, los inquilinos "están en pie de guerra" por la situación y con el ánimo de avanzar en los caminos que sea necesarios, incluidos los judiciales, para paralizar lo que tildan de "mamotreto". Los documentos que pone sobre la mesa García Cabrera dejan poco lugar a la duda. La promotora del nuevo mesón, pensado para dar cabida a un bar en la planta baja y un restaurante en la primera planta, solicitó licencia allá por el año 2005 para la rehabilitación del antiguo inmueble. Pero la realidad de los hechos confirma que rehabilitar se ha rehabilitado poco o nada, puesto que prácticamente toda la construcción es de nueva planta. Una circunstancia que, según el abogado, tendría que haber obligado a la empresa a solicitar un estudio de integración en el casco antiguo, trámite que no ha sido exigido por parte del Ayuntamiento.
Y es en este punto donde se centra buena parte del malestar de los vecinos. De hecho, en uno de los recursos presentado ante la Gerencia de Urbanismo se pone de manifiesto la impresión que tienen los inquilinos "de ser objeto de un tratamiento discriminatorio" por parte del organismo municipal, por entender que en la tramitación de la licencia de obras "no se ha solicitado informe de la Consejería de Cultura y por tanto se ha infringido la legislación protectora del patrimonio histórico". Alegan, además, un exceso de altura en el edificio ahora en ejecución, que se eleva, según dicen, a nueve metros, mientras que el anterior alcanzaba como mucho los 8,5 metros, y que la construcción reduce la separación con respecto al edificio colindante en 55 centímetros, detalle que, según los escritos aportados por los afectados, reconoce Urbanismo en sus primeras respuestas a las demandas vecinales. Sin embargo, en una resolución posterior, fechada el 12 de mayo, la posición municipal cambia "y en lugar de identificar la infracción y con ello la demolición de un exceso de obra de 55 centímetros en toda la fachada lateral del inmueble en construcción, la sitúa ahora en un exceso de 30 centímetros". Por todo ello, los vecinos reclamaron a finales del pasado mes de junio la paralización de los trabajos de ejecución, sin que por el momento hay sido atendida dicha demanda.
Ante las reclamaciones vecinales el Ayuntamiento sí adoptó la determinación de obligar a la demolición de una franja de unos 30 centímetros de uno de los muros, al entender que no se ajustan a las dimensiones que deben desarrollarse en el inmueble, lo que lleva aparejado la apertura de un expediente disciplinario. Pero más allá de este paso, la posición de Urbanismo no va a más. Frente a las críticas de los vecinos afectados, la jefa del departamento de Disciplina, Teresa Domingo, sostiene que la actuación municipal ha sido correcta en todo momento. "Entendemos que la licencia se ajusta", apostilló. No obstante, Domingo admitió que originalmente el permiso de obra que se demanda fue para la rehabilitación de la antigua construcción, paso que se varía en el momento en que se detecta el "mal estado" en el que se encontraba.
"Lo que nace como obra de rehabilitación se convierte en obra nueva, porque sólo se mantiene parte de la cimentación y parte de los muros más próximos a ese edificio", expone, un paso que, añade, obligaría a la presentación de un estudio de integración que no se presenta. ¿Por qué? Según la jefa de Disciplina porque el técnico encargado de informar sobre el proyecto "entiende que el edificio está integrado en la zona". "Creo que nos no hemos equivocado; no es que hayamos obviado el trámite sino que el propio estudio de licencia incluye los planos suficientes para entender que está integrado", añade.
Se da la circunstancia de que el arquitecto responsable del proyecto, sobre el que pesa un expediente sancionador por exceder ciertas dimensiones, es el mismo que redactó el Peri Judería, Iñaki Pérez de la Fuente, quien además es hermano del jefe de Arquitectura de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente.
Málaga Hoy. Redacción.
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